Las personas con discapacidad, en general, y dentro de estas las calificadas como de especial protección, en particular, aparecen ampliamente en el texto de la iniciativa legal mejorando su posición en los procesos penales como víctimas cualificadas de los delitos, a las que hay que otorgarles apoyos complementarios y asegurarles un acompañamiento activo para la defensa de sus derechos y evitar la doble victimización.

 

Todas estas medidas de reforzamiento de la posición procesal de las personas con discapacidad víctimas de delito, sugeridas por el CERMI en la fase de Anteproyecto y asumidas por el ministerio de Justicia, van en la línea que señala el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España, que establece el derecho de todas las personas con discapacidad al acceso a la Justicia, sin exclusiones y discriminaciones.

 

A pesar de esta mejora global de la posición procesal, el CERMI va a revisar el texto de la iniciativa normativa para plantear a los Grupos Parlamentarios, en forma de enmiendas, nuevas propuestas que permitan un mayor grado de protección jurídica para las personas con discapacidad que sufren delitos.